TURBIOS NEGOCIOS EN JAPAY

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  • Con toda ilegalidad, funcionarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán obtuvieron cerca de un millón de pesos al autorizar a la empresa Proyectos Integrales de la Riviera la construcción de un par de cárcamos.
  • Sin testigo alguno, se le otorgó el contrato de obra a esta empresa por más de ocho millones de pesos. La dependencia también tuvo tres observaciones no solventadas en las que tenía que justificar más de 1.1 millones de pesos y sancionar a funcionarios.
  • La Japay ya ha sido objeto de señalamientos de faltantes de dinero en sus arcas, que deberían haber sido destinados a obras para llevar el vital líquido a más personas, contrario a ello, desaparecieron millones de pesos, de acuerdo al último informe de la ASEY.

Redacción /Sol Yucatán

Mérida.- Con toda ilegalidad, corruptos funcionarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) obtuvieron cerca de un millón de pesos al autorizar a la empresa Proyectos Integrales de la Riviera, Sociedad Anónima de Capital Variable, la construcción de un par de cárcamos, con la cual, de manera previa sostuvieron turbios acuerdos.

El ilícito se cometió a finales de la administración de Rolando Zapata Bello, y los protagonistas de la irregularidad siguen impunes, ya que no hay denuncia alguna a pesar de las evidencias.

A pesar que se trató de una licitación pública, fue evidente el favoritismo, y lo peor de todo, se cometió sin testigos, pues las dependencias invitadas, curiosamente no enviaron a sus representantes.

El 18 de mayo de 2018, en la sala de juntas de la Japay se presentó el acta de fallo de la licitación pública nacional número LO-931045999-E20-2018, para la contratación de la obra denominada “Construcción de dos cárcamos de mampostería de 200 metros cúbicos de capacidad, para la localidad de Telchac Puerto”.

La labor a efectuar formó parte del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua 2018), Apartado Rural.

En la convocatoria participaron tres iniciativas privadas, pero al final se benefició a Proyectos Integrales de la Riviera, SA de CV, a la cual, se le asignó un presupuesto por ocho millones 729 mil 948.22 pesos.

El gobierno otorgó un anticipo por el 30 por ciento del monto del contrato, que corresponde al importe de dos millones 618 mil 984.47 pesos para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de bodegas e instalaciones.

Y en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos.

Posteriormente, se firmó el respectivo contrato, y se estableció que la obra tendría una duración de 180 días, por lo que los trabajos iniciaron el 25 de mayo, para acabar el 20 de noviembre de 2018, es decir, en el segundo mes de la actual administración.

En el documento en poder de Sol Yucatán se menciona que “el contrato de adjudica a la proposición que resultó solvente, y reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y obtuvo la puntuación requerida, por lo tanto, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, ofertada por la empresa.

Ante los hechos ocurridos, fue flagrante la violación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su reglamento.

Para la realización de este evento, supuestamente la Japay invitó a seis dependencias e instituciones para atestiguar la legalidad de la licitación, pero ningún representante llegó.

Al acto debió de acudir la Secretaría de la Contraloría General del Estado; la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC); la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF); la Comisión Nacional del Agua (Conagua); la Dirección Jurídica de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), y el Ayuntamiento de Telchac Puerto.

El botín se repartió entre el subdirector técnico, Juan Domingo León Burgos; el gerente de Fortalecimiento a Municipios, Carlos Andrés Ayora Carrillo; la encargada de Evaluación de Propuestas, Paola Salomé Cano Cámara, y el gerente jurídico, José Sosa Baak, quienes firmaron la respectiva acta.

Cabe destacar que la licitación se efectuó durante el proceso electoral, por lo que se violó la respectiva Ley, y mucho menos hubo sanción alguna.

Aunque la inauguración estuvo a cargo de la administración recién electa, la cual tomó posesión el 1 de septiembre de 2018.

Lo peor de todo, debido a la premura del tiempo así al desvío de recursos, la calidad de la obra es precaria, por lo que la duración de su aprovechamiento será inferior a lo previsto.

Sin embargo, el edil y mucho menos el gobierno del Estado interpuso denuncia alguna al respecto, por la pésima labor efectuada.

DESAPARECIÓ DINERO

La Japay ya ha sido objeto de señalamientos de faltantes de dinero en sus arcas, que deberían haber sido destinados a obras para llevar el vital líquido a más personas, contrario a ello, desaparecieron millones de pesos, de acuerdo al último informe de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY).

Resulta que en la segunda entrega de la Cuenta Pública 2020, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) tuvo tres observaciones no solventadas en las que tenía que justificar más de 1.1 millones de pesos y sancionar a funcionarios involucrados en un posible desvío de recursos.

Ya sea en nombre de la seguridad pública del estado, de la salud, de la educación, del turismo, de las obras, incluso del sector rural y hasta del agua potable, Vila Dosal no se da abasto para saquear el erario de Yucatán.

Pero meterse con la comida de los ciudadanos, peor aún, con el agua, es lo más bajo que cualquier servidor público podría hacer. Así lo han dejado claro las auditorías efectuadas a cada una de las dependencias estatales.

En todas aparecen faltantes de millones de pesos, pese a que la cantidad auditada siempre equivale a apenas el 20% del presupuesto total.

La auditoría efectuada a la Cuenta Pública 2020, de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, no podría ser la excepción. Aunque esta vez nos encontramos con una verificación contable de casi la mitad del total de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020; habiendo inspeccionado 270 millones 940 mil 200 pesos, que representó el 49.8% del universo total de ingresos que fue de 544 millones 322 mil 100 pesos.

Finalmente, tras el escrutinio realizado al manejo de los recursos públicos por parte de la entidad fiscalizada, se encontró una posible afectación a la hacienda pública de 1 millón 127 mil pesos y se levantaron tres observaciones, mismas que no fueron justificadas.

La primera de ellas, como es costumbre en las dependencias a cargo del gobierno del Estado, tiene que ver con el Control Interno, la cual adolece en sus 5 puntos principales que son: el Ambiente de Control, la Administración de Riesgos, las Actividades de Control, la Información y Comunicación, y la Supervisión, en donde encontró carencias que provocan el incumplimiento de las metas y objetivos de la entidad.

Por tanto, en Control Interno halló carencias en sus procedimientos de vigilancia, detección, documentación y denuncia de violaciones a los valores éticos de la entidad.En la Administración de Riesgos, se detectó la falta de un Plan o programa estratégico, que presenten indicadores de cumplimiento, metas cuantitativas, parámetros de cumplimiento, así como la carencia de un Comité de administración de riesgos.

En cuanto a las Actividades de Control, no cuentan con un Programa de fortalecimiento de control interno, y abundan las carencias en políticas de evaluación y actualización de manuales de procedimientos, así como de Sistemas Informáticos de apoyo, y Comité de tecnologías de información y comunicaciones.
Lo que vendría a ser casi lo mismo en el tema de la Información y Comunicación, por carecer de Planes o programas de sistemas de información.

Finalmente, en Supervisión, se detectaron debilidades en la Evaluación de Objetivos y Metas, Programa de acciones de problemas detectados, seguimiento de acciones, Autoevaluaciones de Control Interno y programa de trabajo para atender deficiencias detectadas.

Llevan tan mal la contabilidad en todos los aspectos citados, que ni presentando el oficio GFI/137/2021, con sus respectivos documentos con los que trataron de solventar las debilidades halladas, lo lograron, pues ni siquiera el documento cumplía con los componentes de control interno institucional.
La segunda observación, tuvo que ver con el Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Misma que tampoco fue solventada en los aspectos referentes a las obligaciones previstas en la Ley y sus reformas; ni en los avances en las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por CONAC.

La observación número 3 vino a ser la referente a la revisión de la Balanza de Comprobación, estados de cuenta bancarios, auxiliares de cuentas y pólizas de registros contables, siendo justamente ahí donde se detectó el presunto desvío de 1 millón 127 mil pesos a través de pagos hechos a un mismo proveedor en los meses de agosto, octubre y diciembre de 2020.

En total fueron 7 pagos referidos a la cuenta contable “5135-0501-0002-0002-03351 Análisis de aguas residuales”, por concepto de servicio de muestreo de aguas residuales; 3 con fecha del 189 de agosto de 2021 por 169 mil 600, 127 mil 200 y 116 mil 600 pesos respectivamente.

Dos pagos más se ejercieron el día 23 de octubre con valor de 300 mil 200 pesos uno y el otro por 116 mil 600 pesos. Los dos últimos pagos tuvieron fecha el 8 y 22 de diciembre de 2020 y se contabilizaron por 169 mil 600 el primero y por 127 mil 200 el segundo.

Pagos, de los que sobra decir, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia de haber realizado el procedimiento de adquisición correspondiente, además de haber rebasado por mucho el monto.

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