PREMIO A LA INEPTITUD

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*A menos de un año de su llegada, la magistrada numeraria del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, con sede en Chetumal, Ana Lucia Duarte Flores, ha triplicado sus ingresos hasta alcanzar casi los 100 mil pesos mensuales

*Inició como secretaria de Estudios y Cuenta, donde percibía un salario neto mensual de 37 mil 22.55 pesos, pero su ascenso llegó con un jugoso aumento de sueldo de más de 55 mil pesos

*La ineficiencia del TUA por resolver conflictos se ha visto reflejada en juicios largos y tediosos para los ejidatarios y alcanza hasta el orden federal, en el que pesan denuncias contra magistrados por avalar despojos

Redacción/Sol Quintana Roo

Chetumal.- A menos de un año de su llegada, la magistrada numeraria del Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Distrito 44, con sede en Chetumal, Ana Lucia Duarte Flores, ha triplicado sus ingresos, hasta alcanzar los casi 100 mil pesos mensuales.

Apenas el 27 de abril pasado, el Senado de la República aprobó su nombramiento, luego de desempeñarse como secretaria de Estudios y Cuenta, donde percibía un salario neto mensual de 37 mil 22.55 pesos.

Con su ascenso también llegó un considerable aumento salarial de 55 mil 831.18 pesos, con lo que sus ingresos mensuales alcanzaron los 92 mil 853.73 pesos, de acuerdo con información obtenida por Sol Quintana Roo.

Para el último trimestre del año pasado, tuvo un injustificado incremento cercano a los tres mil pesos, con lo que alcanzó los 95 mil 695.03 pesos mensuales, según su último reporte.

Y si bien Duarte Flores se presume como maestra en Derecho Social por la Universidad Autónoma de Chihuahua, lo cierto es que únicamente tiene la licenciatura en Derecho, como exhibe el Registro Nacional de Profesionistas.

NULOS AVANCES

La ineficiencia del TUA por resolver conflictos se ha visto reflejada en juicios largos y tediosos para los ejidatarios, contrario a su lema de trabajar “por una justicia rápida y eficaz”.

Apenas a inicios de mes, ejidatarios de Tihosuco, en Felipe Carrillo Puerto, bloquearon la vía FCP-Valladolid para exigir que el TUA acelerara el fallo en el juicio que mantenían con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) por la expropiación de 132 hectáreas para la construcción de dicha carretera.

Los ejidatarios denunciaron que el pleito por el pago de sus tierras suma más de 40 años sin ser resuelto, por lo que entonces urgieron a las autoridades agrarias a emitir una resolución.

También en junio del año pasado, una mujer acudió a denunciar que fue estafada en la compra de un predio en Huay-Pix por el entonces comisario ejidal, Ernesto Haro Guitérrez.

Fue a través de una asamblea ficticia que el otrora comisario ejidal concedió el terreno a su esposa, Karla Romero, quien se acredita como presunta dueña desde 1917.

No obstante, el claro abuso de autoridad, el asunto se mantiene congelado en el TUA.

La corrupción es tal dentro de los tribunales agrarios, que alcanza el ámbito federal. El pasado 12 de diciembre, un grupo de ejidatarios del Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez, en Tulum, presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control contra los magistrados del Tribunal Superior Agrario Maribel Concepción Méndez de Lara, Alberto Pérez Gasca, Claudia Dinorah Velázquez González y Carmen Laura López Almaraz, tras una resolución que derivaría en el despojo de tierras de varias familias.

En su resolución, los magistrados acusados desconocían la creación del Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez, a pesar de que se encuentra asentada en un decreto presidencial, mismo que establece que las tierras pertenecen a los ejidatarios. Sin embargo, dicha queja tampoco ha trascendido.

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