PARQUÍMETROS, CORRUPCIÓN ESTACIONADA

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*La expresidenta municipal Laura Beristain es la responsable de que las máquinas tragamonedas golpeen la economía de las familias más pobres del municipio

*Los poderosos empresarios aplastarán el movimiento para retirar los parquímetros por lo que su lucha no pasara de ser un movimiento electorero más

*Modificaron el primer contrato para poder instalar 5 mil 300 parquímetros en Solidaridad y 550 bicicletas cuando al principio solamente se autorizaron 197 tragamonedas y 400 bicicletas

Redacción/Sol Quintana Roo

Playa del Carmen.- Detrás de la disputa por la permanencia o no de los parquímetros en Playa del Carmen, hay historias de corrupción, abusos de autoridad, uso indebido de la Función Pública y opacidad en el manejo de las partidas que la empresa encargada de las máquinas tragamonedas entrega al municipio de Solidaridad.

A la fecha han sido varios los movimientos surgidos en contra de la empresa que se apropió de las calles para cobrar a los automovilistas que dejan estacionados sus automóviles en las calles de las zonas céntricas de la cabecera municipal de Solidaridad.

Sin embargo, ninguna ha tenido eco, al menos no contra la empresa “Promotora de Reordenamiento Urbano S.A. de C.V.”, pero sus promotores sí se han beneficiado de manera electoral.

El más reciente es el que impulsa la diputada Kira Iris, aspirante a una candidatura a legisladora local por el Distrito 10 de Solidaridad, aunque en su momento hicieron lo propio el hoy regidor Marciano Toledo junto con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servitur) Playa del Carmen.

A estos movimientos se tiene que sumar la hoy regidora y exalcaldesa Laura Beristain Navarrete, quien al llegar a la Presidencia Municipal no solo no retiró los parquímetros sino que a espaldas de los solidarenses amplió la concesión a las colonias más marginadas de la demarcación.

El más reciente movimiento de la diputada Kira Iris está encaminado solo al retiro de los parquímetros de las colonias Colosio y Zazil-Ha, que son en realidad zonas populares y residenciales con un alto poder adquisitivo en votos.

Por medio de las plataformas digitales para que firmaran la petición a través de change.org, Kira Iris busca legitimar su movimiento que en realidad está enfocado a derrumbar la concesión y extensión de ella impulsadas por las expresidentas municipales Cristina Torres y Laura Beristain de algunas zonas.

La diputada Kira Iris dijo que la inconformidad expresada contra los tragamonedas son “una clara muestra del rechazo cuando se toman decisiones en lo ‘oscurito’, cuando las autoridades mienten a la sociedad como en su momento lo hicieron las expresidentas Cristina Torres Gómez, al autorizar la concesión a la empresa “Promotora de Reordenamiento Urbano S.A de C.V.”, para que instalaran los parquímetros, sin clarificar los términos de la misma y Laura Beristain, quien en su gestión demostró hizo un negociazo permitiendo más parquímetros”.

Sin embargo, la parte más lastimosa la hizo la expresidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, quien incurrió en un doble discurso en torno a la concesión de los parquímetros en Playa del Carmen.

Cuando era candidata afirmó que retiraría el permiso a la empresa y acabaría con la “antipopular medida” de Cristina Torres. Pero cuando llegó al poder se sentó con los permisionarios para ampliar la cobertura y colocar más aparatos tragamonedas, así como la autorización de un mayor número de bicicletas de alquiler, incluida en el documento.

Ello queda claramente demostrado en el documento de la ampliación o adendum modificatorio al título de concesión número HAS/OM/CON/LRP/001/2018, y que firmó la exalcaldesa Laura Beristain quien dijo que esta autorización era “una bomba que le iba a estallar en las manos”.

Sin embargo, la realidad es que el anexo al convenio denominado “La Explotación, USO y Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público del Municipio de Solidaridad para la Instalación, Puesta en Marcha y Operación del Sistema Integral de Movilidad”, fue bien visto por la Edil del partido Morena que les permitió hacer lo que se les pegue en gana a los empresarios.

Y es que en el contrato original, firmado casi dos años atrás se autorizaron 197 parquímetros y estaciones con 400 bicicletas bajo el supuesto de mejorar la movilidad en el primer cuadro de la cabecera municipal de Solidaridad.

Además, en el contrato original la empresa “Promotora de Reordenamiento Urbano S.A. de C.V.”, propiedad de los socios de Ricardo Antonio Vega Serrado, el zar gasolinero, Anuar Fayad Hassan y Santiago Samuel Jiménez Moreno, sólo tenía permitido instalar 197 parquímetros y 44 cicloestaciones en Playa del Carmen.

Con el agregado que modifica el convenio le permite instalar 5 mil 300 parquímetros en Solidaridad, 550 bicicletas que ya son alquiladas, según Diego Gracidas, representante de la empresa “Promotora de Ordenamiento Urbano S.A. de C.V.”.

En la primera etapa del proyecto cuya concesión fue aprobada planteaba colocar ese tipo de infraestructura desde la avenida Aviación hasta la avenida 48 y, de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) hasta la calle 35.

Se estima que fueron colocados entre cinco mil 200 y cinco mil 300 parquímetros a lo largo y ancho de la zona aprobada para su colocación dentro del primer cuadro y zona turística de Playa del Carmen. Operarán en un horario establecido, no funcionarán toda la noche, dijo Diego
Gracidas.

Lo más lamentable es que con Laura Beristain se ampliaron las zonas de parquímetros, afectando a la ciudadanía y al turismo.

Detrás de la imposición de los parquímetros en diversas colonias del municipio de Solidaridad y la complicidad de la expresidenta municipal Laura Beristain Navarrete que permitió que las calles se convirtieran en un gran estacionamiento privado, hay una mafia empresarial encabezada por los socios del zar gasolinero Ricardo Antonio Vega Serrador, y también prestanombres del exgobernador Roberto Borge Angulo preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos.

Anuar Fayad Hassan, representante legal de Corpogas cuya razón social es “Sistema Inteligente de Administración del Sureste” S.A. de C.V., y de la cual también Santiago Samuel Jiménez Moreno, es director de expansión de la empresa que controla la distribución de gasolina en el sureste del país.
Anuar Fayad Hassan y Santiago Samuel Jiménez Moreno figuran como los apoderados legales de la empresa “Promotora de Reordenamiento Urbano S.A. de C.V.” empresa que obtuvo la concesión para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio público del municipio de Solidaridad, es decir para la instalación, puesta en marcha y operación de parquímetros y bicicletas compartidas, con vigencia de 15 años.

Con la información disponible en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, según documentos complementarios al acta constitutiva de la empresa, con Folio Mercantil Electrónico N-20180071438, con fecha 11 de febrero de 2019 y ante el Notario Público 14 de la Ciudad de México, tanto Anuar Fayad Hassan como Santiago Samuel Jiménez Moreno fueron designados como los apoderados legales de “Promotora de Reordenamiento Urbano S.A. de C.V.”

Bajo el cínico argumento de no incurrir en desacato al mandato legislativo y evitar sanciones que puedan afectar las finanzas municipales de Solidaridad, la expresidenta municipal de Solidaridad, les entregó las calles a los empresarios que pasaron de zares gasolineros a reyes de los parquímetros den Playa del Carmen.

Como se recordará la pasada administración de la expresidenta municipal, Cristina Torres Gómez, aprobó en sesión de Cabildo concesionar las calles para la instalación de parquímetros, documento que fue ratificado por la XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo en diciembre de 2018, cuando era el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcilla.

Los zares gasolineros Ricardo Antonio Vega Serrador, Anuar Fayad Hassan y Santiago Samuel Jiménez Moreno son los eternos socios en los ramos inmobiliario y de abasto de combustibles que siempre ganan con los gobiernos municipales y del gobierno de Quintana Roo, sin importar sus vínculos de corrupción con los exgobernadores Félix González Canto y Roberto Borge Angulo.

Además, los tres personajes se han visto involucrados en los escándalos de IPAE, incluso, la actual administración del gobierno del Estado les arrebató el año pasado tres valiosos predios ubicados en la exclusiva zona hotelera de Cancún, obtenidos de manera poco clara.

Sin embargo, más tarde fueron beneficiados con contratos millonarios para abastecer de combustible a los vehículos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) que hoy encabeza Gerardo Mora Vallejo.

Es claro su poder para allegarse de contratos millonario pues los contratos CAPA-CAF-DRM-SE-19-2018, referente al “suministro de combustible a través de vales, tarjetas electrónicas y arillo en tanques”; y el CAPA-CAF-DRM-SE-20-2018 por el mismo concepto, a nombre de Anuar Fayad Hassan y Ricardo Antonio Vega Serrador, respectivamente, por un monto total de 8 millones 683 mil 136 pesos.

Los contratos tienen una periodicidad de seis meses a partir del 3 de mayo de 2018 al 3 de diciembre de 2018, y aunque los dos magnates gasolineros, Ricardo Antonio Vega Serrador y Anuar Fayad Hassan, son socios de las empresas Sistema Inteligente de Administración del Sureste S.A. de C.V, y de la Inmobiliaria Kukulkán S.A. de C.V., firman cada uno de manera independiente, en una aparente sana competencia.

Sobre los terrenos, fueron tres los lotes recuperados por la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro) que promovió tres juicios civiles instaurados en contra de la persona moral denominada Caveri Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V, que encabeza Ricardo Vega Serrador de la que forma parte Anuar Fayd Hassan, y Santiago Samuel Jiménez Moreno.

Los predios forman parte de lo que fueron las Villas Juveniles del CREA y, de acuerdo al comunicado, tendrían un valor actual de unos 45 millones de dólares.

Según la Agepro “los referidos lotes tienen un valor aproximado de más de 4 mil dólares por metro cuadrado, y fueron vendidos muy por debajo de su valor en la administración de Roberto Borge”, precisa el comunicado.

Tales lotes fueron ubicados en la Supermanzana 00C, Manzana 29, Lote D-03, de la Reserva Territorial del IPAE, de la localidad de Cancún, municipio de Benito Juárez; con una superficie de 1,990.75 metros cuadrados.

El juicio está registrado con el número de expediente 105/2018 y se encuentra radicado en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo.

El segundo lote está ubicado en la Supermanzana 00C, Manzana 29, Lote D-04, de la Reserva Territorial del IPAE, de la localidad de Cancún, municipio de Benito Juárez, con una superficie de 3,905.25 metros cuadrados y registrado con el número de expediente 104/2018, radicado en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo.

Finalmente, el predio ubicado en la Supermanzana 00C, Manzana 29, Lote 1-02, de la Reserva Territorial del IPAE en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez; con una superficie de 5,255.97 metros cuadrados, registrado con el número de expediente 106/2018 y radicado en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo.

Además, Santiago Samuel Jiménez Moreno, sigue siendo director de expansión de la empresa Corpogas, que controla la distribución de gasolina en el sureste del país, acusado de ser uno de los principales lavadores de dinero de la administración pasada.

El director de expansión de Corpogas, que controla la distribución de gasolina en el sureste, y dueño de múltiples gasolineras en Cancún, además de tiendas, restaurantes y otros comercios, fue investigado por la otrora PGR por haber obtenido varios predios propiedad del Estado a precios de ganga, además de tomar parte en operaciones simuladas para blanquear capitales.

Para este esquema, se utilizaban a varios de los socios y directivos de Corpogas, quienes a través de diversas empresas fantasma o reales, se facturaban entre sí, todo para justificar grandes cantidades en efectivo de procedencia desconocida, que dispersaban en sus empresas, principalmente las gasolineras, recursos que salían del Gobierno del Estado.

La realidad es que estos poderosos empresarios librarán la batalla contra quienes atenten contra sus intereses, por lo que el movimiento de la diputada Kira Iris no pasara de ser un movimiento electorero más, y dejará en el mismo desamparo a los habitantes de Playa del Carmen.

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