LAVARON MÁS DE 6 MIL MILLONES

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*Va la INTERPOL por 8 en caso Gomez Mont

*Bajo la lupa dos contratos con Centros de readaptación social federal.

Redacción/La Opinión de México/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/Sol Campeche/Sol Chiapas/ La Opinión de Puebla

Ciudad de México.-En noviembre de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició carpeta de investigación en contra de Víctor Manuel “A”, Inés “G”, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos.

Para cumplir dicho objetivo, presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes.

La organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel “A” e Inés “G”, que operaban con supuestos representantes de personas morales. Durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “E”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales, los cuales ya fueron detenidos e internados en penales federales de alta seguridad, según lo informado por la FGR.

El siguiente grupo, integrado por servidores públicos, fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales; y en esa estructura se encontraron a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”.

Cada una de esas células se integraba con las otras para realizar, de esa manera, los delitos que se persiguen.

En el caso de una de las empresa que intervinieron y que se hallaba representada por su apoderado Héctor “Z”, dicha persona moral recibió más de 2 mil 500 millones de pesos, en la probable comisión de los delitos ya referidos.

Es fundamental en esta investigación señalar dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por 2 mil 950 millones de pesos.

Sobre la participación de Gabriel “M”, dicha persona figuró como accionista de una de las empresas investigadas; y, como producto de la indagatoria, se logró establecer que, mediante acta de asamblea de accionistas debidamente legalizada, vendió sus acciones de la empresa, en tiempo anterior al inicio de las operaciones delictivas. El caso se seguirá investigando.

A los principales responsables de la probable comisión de estos delitos, se les ha imputado ante el Poder Judicial y se han obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes; y tres de ellos ya se encuentran recluidos en los centros federales de justicia penal. En los casos de quienes huyeron del país, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional.

VA INTERPOL POR 8 EN CASO GOMEZ MONT; AQUÍ LOS NOMBRES

Seis relacionados más con Víctor Manuel Alvarez Puga e Inés Gomez Mont; sus historiales

Las indagatorias continúan ya que todavía hay más involucrados

Un total de ocho fichas rojas fueron las que realmente emitió la Policía Internacional (INTERPOL), y no dos, como se dijo en principio, en contra de Víctor Manuel A.P. y de su esposa Inés G.M; también contra seis ex funcionarios más, acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita, desvío de recursos públicos y peculado, delitos que no les permitirían llevar su proceso en libertad y cuyas penas van de los 20 a los 60 años de prisión.

Ante la emisión de las fichas. La INTERPOL busca a Víctor Manuel A.P, socio del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, y a Inés G.M, así como a seis personas más en los 192 países donde mantiene jurisdicción.

Otro personaje que si bien no figura en la lista de los buscados por la policía sí está en problemas, es el mandatario yucateco, pues es un secreto a voces que durante muchos años ha sido su patrocinador y socio.

La intervención de Interpol se sustenta en las órdenes de aprehensión otorgadas por el juez de Distrito Iván Aarón Zeferín Hernández, con sede en el Estado de México, derivadas de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORIFAM-MEX /0000758/2019.

La Fiscalía General de la República, argumentó ante el impartidor de justicia que el arresto es necesario toda vez que los imputados son personas con amplio poder económico y capacidad de movimiento por lo que podrían sustraerse a la acción de la justicia.

QUIÉNES SON LOS MÁS BUSCADOS

*Inés Gomez Mont es una conductora y modelo mexicana, sobrina del ex secretario de gobernación mexicano Fernando Gómez Mont. Trabajó como actriz en la telenovela Tric Trac de 1997 y en 2002, comenzó a laborar en el equipo de producción de noticias de Televisión Azteca.

Posteriormente se unió al equipo de entretenimiento dirigido por Paty Chapoy y se integró a Ventaneando. En aquél tiempo evitó un juicio por evasión fiscal al pagar a la Hacienda Federal 10 millones 967 mil pesos que no había cubierto por contribuciones omitidas.

También hay versiones que afirman que la presentadora se había envuelto en un problema legal desde 2016, pues se sospechaba de un aparente enriquecimiento ilícito.

Asimismo, el matrimonio Víctor Manuel A.P- Inés G.M, ha sostenido estrecha relación con el abogado Juan Ramón Collado Mocelo, quien fue detenido en julio de 2019 también por lavado de dinero.

La pareja se conoció en una fiesta de cumpleaños de Ernesto Zedillo Jr. Dijeron que fue el clásico “flechazo”. Un mes después comenzaron a salir. A los siete meses de noviazgo Víctor la llevó a cenar a un exclusivo restaurante bar y la sorpresa fue que el cantante colombiano Carlos Vives, le ayudó para pedir su mano y el 3 de febrero de 2015 se casaron.

Víctor Manuel A.P, esposo de la ex conductora de Ventaneando, Inés G.M, es un abogado mexicano que encabeza el despacho CEO de Álvarez Puga & Asociados.

Creció en una familia de comerciantes dueños de pequeñas empresas que dicen centrar sus actividades en la ayuda humanitaria para sectores sociales vulnerables, además de que colaboró con la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos e incluso dice que llegó a figurar en la Cruzada Nacional contra el Hambre.

El perfil de Linkedin del bufete de abogados, se describe de la siguiente manera:

“El despacho Álvarez Puga y Asociados ha destacado por la calidad en la prestación de sus servicios, ya que se caracteriza por contar con un marco de seguridad en el cumplimiento de sus obligaciones y sus derechos”.

“Lleva a cabo la optimización en la atención de las necesidades legales de las empresas, con total apego al marco normativo y brinda servicios en planeación fiscal, amparos, defensa fiscal, gestión de Recursos Humanos, civil, mercantil, corporativo y contractual, así como en el campo agrario y el ambiental”.

Otro de los que ya es buscado afanosamente es Eduardo G.D, vinculado a Inés Gomez Mont y Víctor Manuel A.P., además de estar acusado de corrupción y hasta de recibir un soborno para liberar a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Eduardo G.D fue director de las prisiones de Chihuahua durante la administración de César Duarte Jáquez. A lo largo de su encargo se registraron muertes, extorsiones y motines en las cárceles, controladas por el Grupo Sonora que él mismo encabezaba.

El mismo César Duarte, presumía que gracias a Eduardo fue posible que pudiera cerrarse “de manera pacífica” el problemático penal de Topo Chico.

Asimismo, también fue comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), entre septiembre de 2015 y octubre de 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando el secretario de Gobernación era Miguel Osorio Chong.

También se le señala como amigo del ex secretario de Seguridad Pública, acusado de narcotráfico, Genaro García Luna, preso y juzgado en Estados Unidos, además de que otro narcotraficante: Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, lo acusó de haber recibido un soborno de 2 millones de dólares de manos de la esposa del “Chapo”, Emma Coronel Aispuro, para que facilitara la tercera fuga del capo.

Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, gobernador de Nuevo León también lo contrató para que reformara el sistema penitenciario del estado y aunque no se conocieron los términos del contrato se habla de que hubo pagos por más de 20 millones de pesos.

Emmanuel C.R, extitular de la Coordinación General de Centros Federales de ese organismo, es otro de los fugitivos y es acusado también por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

De acuerdo a la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORIFAMMEX/0000758/2019, los implicados estarían relacionados con el desvío de 2 mil 950 millones de pesos obtenidos mediante contratos asignados de manera directa, que fueron utilizados con empresas fachada que operaron durante la pasada administración federal y presuntamente prestaron servicios a la Secretaría de Gobernación.

Las auditorías realizadas a dicha secretaría, revelaron que la institución entregó los recursos a través de contratos otorgados a empresas dedicadas a realizar facturas por servicios o productos no entregados, entre ellas: Servicios Opcionales Antequera, Grupo Hamcer, Corporativo Vicral, Grupo Adenso y otras personas morales.

Para ello, Inés G.M y Víctor Manuel A.P diseñaron toda una estructura financiera para lavar dinero a través de compañías fantasmas que operaban principalmente en la Ciudad de México, el Estado de México, Chiapas, Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí, Campeche, Quintana Roo y Guerrero, así como en Estados Unidos, Panamá y Colombia.

El bufete de Álvarez Puga, sirvió de enlace para que los recursos se transfirieran a las empresas fantasmas e Inés Gómez Mont habría incurrido en defraudación fiscal, relacionada con las actividades de su cónyuge, sumando alrededor de 14 millones de pesos en adeudos fiscales.

El hidalguense Paulo U.A, ex director general de Administración, es otro de los buscados por la INTERPOL y, al igual que los demás, ya había sido citado con anterioridad para formularle la imputación por presuntas irregularidades en el sistema penitenciario nacional.

Paulo U.A, formaba parte del llamado Grupo Hidalgo, colaborador durante varios años del actual senador Miguel Ángel Osorio Chong y sería la segunda vez que figurara en un proceso judicial, luego de que en 2016 fuera exonerado por un juez, junto con Juan Ignacio Hernández Mora, por la fuga del Chapo, en junio de 2015, cuando ambos pertenecían al OADPRS como director y comisionado, respectivamente.

Jorge Arnaldo N.L, ex director general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS, también está prófugo.

Fungía actualmente como titular de la Zona Norte de la Fiscalía General de Chihuahua, pero fue separado del cargo al conocerse la orden de aprehensión relacionada con el caso de la pareja Víctor Manuel A.P-Inés G.M, por la triangulación de 2 mil 935 millones de pesos a través de un entramado de empresas factureras.

En un comunicado, la Fiscalía Estatal informó que Nava López tiene pendiente otro procedimiento legal.

Se trata del pago en sobreprecio de más de 60 mil millones de pesos, por la entrega de contratos con la Secretaría de Seguridad Pública a varias empresas del ramo constructor.

Se edificaría un penal de mediana seguridad con capacidad para 20 mil internos, obra que nunca se construyó.

Jesús Gabriel P.R, en su calidad de director general de Desarrollo Tecnológico de la misma institución, participó en diversos asuntos presuntamente ilícitos y también es buscado a nivel internacional.

Finalmente, Héctor Oswaldo Z.H, otro ex funcionario de medio pelo de la SSPF, pero considerado como uno de los principales testaferros de Álvarez Puga y Gómez-Mont, también se halla prófugo y es buscado por la INTERPOL.

Esos son los personajes sobre quienes ya pesan órdenes de captura y la emisión de su ficha roja, pero las investigaciones aún no concluyen, como la búsqueda de Armando Romero López, quién está ligado a la empresa OADPRS; sin embargo, también se lograron los arrestos e internamiento en penales de alta seguridad de otros personajes que estuvieron coludidos en empresas utilizadas para desviar recursos provenientes de contratos otorgados por OADPRS siendo José Reyes Orta Sierra, Ricardo Cortés Contreras y Yareli Eunice Delgado García.

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