IMPUNE DESFALCO EN EL CONGRESO DEL ESTADO

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  • Incurrió en faltas graves en materia de comprobación de recursos, con un desfalco de 16 millones 914 mil 563 pesos en tres observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación, que incluso se levantó el acta correspondiente para fincar responsabilidades y no ha pasado nada.
  • La primera de tres observaciones de la ASF donde hay faltantes de dinero fue en recursos para gastos personales de quienes laboraban en 2019, por un monto de 5 millones 844 mil 863 pesos que a tres años no se ha aclarado.
  • La segunda fue en el balance general presupuestario, se detectó que se excedieron en gastos de lo aprobado en el ejercicio fiscal 2019, ya que se gastaron casi 8 millones de pesos de más sin etiqueta alguna, falta que tampoco ha sido solventada.

Redacción/Sol Yucatán

Mérida. – El Congreso del Estado de Yucatán incurrió en faltas graves en materia de comprobación de recursos en el año 2019, con un desfalco de 16 millones 914 mil 563 pesos en tres observaciones, que incluso causaron el acta correspondiente para fincar responsabilidades y no ha pasado nada.

La Auditoría Superior de la Federación reportó que el estado financiero de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, debido a que el monto ejercido al final del ejercicio fiscal fue mayor que el monto aprobado.

Asimismo, se determinaron diferencias entre la información generada en el sistema contable y la información presentada en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019.

Pero eso no es todo, existen otras inconsistencias entre lo aprobado y lo ejercido, incumpliendo con el principio de sostenibilidad, ya que al final del ejercicio 2019 generó balances presupuestarios negativos.

La primera de tres observaciones claras donde hay faltantes de dinero fue en recursos para gastos personales de quienes laboraban en el Congreso del estado en ese año, por un monto de 5 millones 844 mil 863 pesos que a tres años no se ha aclarado.

La segunda fue en el balance general presupuestario, se detectó que se excedieron en gastos de lo aprobado en el ejercicio fiscal 2019, ya que se gastaron 7 millones, 829 mil 300 pesos de más sin etiqueta alguna, falta que tampoco ha sido solventada.

Y la tercera es un señalamiento en el presupuesto de egresos que arroja una diferencia de 3 millones, 240 mil 400 pesos, que hasta la fecha no se sabe dónde quedaron.

Este millonario monto faltante viola la Ley de Disciplina financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Contrario a lo que se piensa, los encargados de proponer, analizar y aprobar el marco jurídico para poner orden en el estado, hacen leyes para violarlas puesto que, tratándose de dinero, incumplieron en la justificación y comprobación de gastos personales donde rebasaron por mucho el presupuesto para ello.

Esa Legislatura contó con dos sistemas de registro y control de las erogaciones de servicios personales realizadas durante el ejercicio fiscal 2019, uno denominado Nomipaq 2019 y otro sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental (SAACG.NET 2019) ambos previstos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y Municipios y los cuales arrojaron este desfalco.

En esta fiscalización no hay cabida para errores porque además existe un Sistema de Contabilidad gubernamental, el cual genera de manera automática información contable, presupuestaria y programática, que se ve reflejada en la cuenta pública de 2019 y es donde se registraron las transacciones que llegó a cabo la Dirección General de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Yucatán.

De hecho, la propia Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado inició un procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tal efecto integró el expediente número ACTA 004/ASF/CEY/2020, lo que dio como promovida esta acción.

Pero no es la única acta porque también se integró el expediente número ACTA 0005/ASF/CEY/2020 por las inconsistencias y determinar posibles responsabilidades administrativas por el faltante de 3 millones 240 mil 400 pesos.

Entre las faltas detectadas por la ASF también figura la falta de proyecciones de ingresos y egresos, así como los resultados de sus finanzas públicas de acuerdo con los formatos establecidos, es decir que de origen se actuó en flagrante violación a la norma que se refiere al manejo de los recursos económicos en este Poder.

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la Federación.

Pero en definitiva lo encontrado por la ASF y que en su momento se dio la oportunidad de comprobar, rectificar o subsanar, con la información adicional con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que no fue suficiente y se debe fincar responsabilidades.

OPACIDAD AL MÁXIMO

Pero la opacidad es un acto recurrente en el Congreso del estado, ya que, en 2020, se gastó 4.8 millones de pesos por la renta de fotocopiadoras, así como por papelería impresa y suministros de papelería, e incluso por el servicio de coffee break y productos de cafetería.

Los legisladores yucatecos de esa legislatura se ganaron a pulso ser considerados los diputados más flojos del país, pues agarraron de pretexto la pandemia por el coronavirus para nunca ir a trabajar a lo largo de un año y medio, pero eso sí siempre puntuales para cobrar su sueldo y prestaciones.

Tres años perdidos, en los cuales cada uno de los 25 diputados locales de Yucatán cobró al mes 100 mil pesos, aunque no hayan ido a laborar.

El derroche de los recursos fue notable, pues a pesar de la inactividad que prevaleció en el Poder Legislativo, se pagó por la renta de copiadoras, al mismo tiempo que continuó la compra de suministros y material, además del mantenimiento del inmueble.

La interrupción temporal de la actividad escolar, laboral y recreativa, así como la movilidad en el espacio público tuvo una duración de dos meses, en abril y mayo de 2020, por lo que de manera paulatina se retornó a la actividad, pero aun así se pagó por la renta de copiadoras, que estuvo en desuso por más de dos meses completos.

Incluso, los diputados y los jueces fueron los menos afectados por la pandemia, pues nunca perdieron el empleo, ni siquiera tuvieron el temor de quedarse sin empleo, y su sueldo siempre llegó íntegro, nunca se les descontó por solidaridad ante el impacto de la letal enfermedad.

A pesar que el Poder Legislativo se jacta de manifestar el respeto total de la Ley, no hay información actualizada en materia de transparencia, y la que hay sólo corresponde a 2020.

Tan sólo por la renta de fotocopiadoras, así como por papelería impresa y suministros de papelería, e incluso por el servicio de coffee break y productos de cafetería, el Poder Legislativo sufragó cuatro millones 772 mil 816.22 pesos.

Hasta el momento, tan sólo para la renta de las fotocopiadoras se gastó 689 mil 504 pesos, el 14.4 por ciento del monto total.

Para ello se firmó un contrato de prestación de servicios con el proveedor, Enrique Antonio Montalvo Marcin, a quien mensualmente se le depositó 68 mil 950.40 pesos.

Mientras que, por papelería impresa, el Congreso local erogó 908 mil 904.43 pesos, el 19 por ciento, para lo cual se signó un contrato de adquisición de bienes, con el administrador de la empresa Plamapromo, Juan José Martín Castaldi.

Asimismo, el secretario general del Congreso del Estado, Martín Enrique Chuc Pereira, firmó un par de contratos de adquisición de bienes, específicamente suministros de papelería, el primero con el gerente general de Productos y Servicios MG, Enrique Antonio Montalvo Marcin, por un monto por un millón 685.61 pesos, el 21 por ciento.

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