DIPUTADOS DE PAPEL

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*Ante la deficiente labor legislativa realizada por los diputados, pagaron más de 15 millones de pesos para que su imagen y trabajo sea “público”

*Cuando Gustavo Miranda estuvo al frente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política ordenó pagar contratos sin licitación hasta por $3,200,000.00

*Los pagos mensuales van desde los $69,600.00 hasta los $80,000.00

Redacción/Sol Quintana Roo

Chetumal.- Tan deficiente es la actividad de los diputados del Congreso del Estado que se vieron en la necesidad de tener que pagar para, al menos, aparentar que trabajan y que son escuchados por la ciudadanía, sin importarle a todas las fracciones parlamentarias que se dilapiden más de 15 millones de pesos para taparle el “ojo al macho” y mostrar públicamente una labor legislativa que a todas luces es reprochable.

Con lo anterior los 15 diputados del Poder Legislativo de Quintana Roo, no tuvieron empacho y contrataron servicios sin licitación para beneficiar a medios de comunicación a fin que, supuestamente, difundan las labores propias del Congreso del Estado, lo cual queda en entredicho toda vez que bajo el esquema de contratación por excepción de la licitación, “compraron” medios de comunicación en el periodo que encabezó el diputado verde Gustavo Miranda.

Así, cuando en el área de comunicación social despachaba José Rafael López Saavedra, medios de comunicación fueron llamados para presentar propuestas de trabajo y difusión de las actividades legislativas, a razón de contratos independientes por montos diversos que, de enero al mes de agosto, tuvieron un techo presupuestal de $15,131,640.08 (Son: Quince millones ciento treinta y un mil seiscientos cuarenta pesos 08/100 m.n.).

De acuerdo con documentos oficiales empresas como el Diario de Quintana Roo, Televisión y Radio Caribe S.A de C.V., Aventy Soluciones Creativas y Publicitarias S.A. de C.V., entre otros, recibieron pagos mensuales que van desde los $69,600.00 (Son: Sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 m.n.), hasta los $80,000.00 (Son: Ochenta mil pesos 00/100 m.n.).

En suma, el Poder Legislativo dispuso de un techo presupuestal por 15,131,640.08 (Son: Quince millones ciento treinta y un mil seiscientos cuarenta pesos 08/100 m.n.) para los servicios de difusión para un total de 39 adjudicaciones directas.

La orden de pagar a los medios de comunicación para que hablen bien de los diputados fue ordenada por el entonces presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVI Legislatura, Gustavo Miranda García, y secundada por el secretario general del Poder Legislativo Renán Eduardo Sánchez Tajonar, el director jurídico de ese Poder, Marco Antonio Otero Ramírez, así como el secretario de servicios administrativos Eugenio Segura Vázquez y el coordinador de comunicación social José Rafael López Saavedra.

Con las instrucciones para pagarle a los medios de comunicación que ordenó Gustavo Miranda, se encontró 131 recibos de los cuales 39 están fechados en el año 2021 bajo el concepto servicio de promoción y difusión de actividades legislativas.

Este concepto es uno de los cuales el Congreso del Estado está acostumbrado a desconocer, pero que su Coordinación de Comunicación Social utiliza para desviar millones de pesos al año.

De hecho en esta edición Sol Quintana Roo encontró y comprobó que uno de los contratos fue entregado a la razón social “Editorial y Proyectos de Chetumal S.A. de C.V.” mejor conocido como el Diario de Quintana Roo, representado por Enrique Puga Sansores por un monto total de $3,290,040.00, misma empresa que apenas el 21 de enero de 2020 se constituyó como sociedad, lo cual quiere decir que esta recibió ingresos que no declaró.

En el mismo rubro de las 39 adjudicaciones directas, se aprecia a Aventy Soluciones Creativas y Publicitarias S.A. de C.V., representada por Roger Lara Pech, entregándole un contrato por $556,800.00.

Llama la atención que para tener registros de dicha empresa al consultarla públicamente se pide pagar por la información, cuando el acceso a la información debería ser gratuita, entre otras irregularidades que presentan los múltiples proveedores a los cuales se les otorgó, miles de pesos.

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