¡BURDA ESTAFA!

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  • El alumbrado público se convierte en un verdadero negocio para el alcalde Renán Barrera Concha, pues anualmente recibe cerca de 80 millones de pesos, por concepto del ilegal cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), que viene incluido en el recibo de la CFE.
  • El alcalde hace caso omiso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional este cobro que representa el cinco por ciento del pago del consumo de energía eléctrica de cada inmueble, ante lo cual los ciudadanos pueden ampararse.
  • El abuso que se ha generalizado en todos los municipios de México, es un impuesto disfrazado de derecho que el Ayuntamiento lo pone precisamente en el recibo de la CFE para que se pague en automático, sistemáticamente.

Redacción/Sol Yucatán

Mérida.- El alumbrado público se convierte en un verdadero negocio para el alcalde Renán Barrera Concha, pues anualmente recibe cerca de 80 millones de pesos, por concepto del ilegal cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), sin embargo, se desconoce la utilización del recurso correspondiente, por lo que todo parece indicar que hay un desvío de recursos.

Lo peor de todo, el alcalde hace caso omiso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual declaró inconstitucional este cobro que representa el cinco por ciento del pago del consumo de energía eléctrica de cada inmueble, ante lo cual los ciudadanos pueden ampararse.

De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2014, en Mérida hay 91 mil 651 luminarias, de las cuales, 71 mil 862 están en la ciudad, nueve mil 651 en las comisarías y 10 mil 604 están en las colonias de la periferia de la zona metropolitana.

El edil se niega a revelar el monto que anualmente capta por concepto del pago del DAP, el cual oscila en cerca de 80 millones de pesos.

En el recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está el anexo del cobro del DAP en Mérida y depende del consumo de cada inmueble, que es la forzada aportación que se hace de manera general y mucha gente lo desconoce.

Aunque en las cifras del ayuntamiento de Mérida en el reporte de egresos del año pasado aparece un pago por Alumbrado Público de 216 millones 917 mil 866.34, se desconoce la cifra exacta de lo que recibieron por la Vía del DAP, que irremediablemente lo paga cada uno de los meridanos dentro del consumo de electricidad de sus casas o negocios, que viene incluido en el recibo de luz que la CFE entrega.

En la convocatoria de la Sesión Extraordinaria de Cabildo del 29 de septiembre de 2021, como se han hecho en años anteriores bajo la misma vía, en el orden del día, en el tercer punto se lee que se someterá a consideración y en su caso aprobación por parte del Cabildo la propuesta de Barrera Concha, por la que se autoriza celebrar un convenio de colaboración con la CFE, Suministrador de Servicios Básicos.

El objetivo de esta propuesta es establecer los términos y las condiciones a los que se sujetará la recaudación del DAP, para los meses de septiembre a diciembre, es decir que este convenio se hace cada cuatro meses.

El documento es claro al señalar que es una recaudación que se hace mediante un “convenio de colaboración” y que se vota en un Cabildo desigual, entonces se ejerce el mayoriteo para hacer valer este impuesto disfrazado de “acuerdo legal”.

Este convenio es ilegal para la SCJN y se hace con la intención de allegarse de recursos bajo cualquier precepto, pues Renán Barrera no va a descansar hasta conseguir tener todo el aparato financiero para ser aspirante a la gubernatura de Yucatán.

Incluso de mil maneras ilegales, como se ha demostrado con contratos a modo con empresas fantasma, licitaciones a modo con empresas de amigos y compadres, incluso su hermano Jorge Barrera Concha, cobros a ambulantes, invasión de terrenos de la Central de Abastos y demás irregularidades que han hecho que ya se tengan denuncias interpuestas ante autoridades locales y federales.

ILEGAL IMPUESTO

El DAP es el cobro realizado por los ayuntamientos, derivado del servicio público de alumbrado, el cual tiene su origen en el artículo 115 fracción III inciso b y fracción IV inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De ese ordenamiento jurídico con alto grado de vacío legal, en la mayoría de los municipios de la República, la forma de calcular dicha contribución se encuentra establecida en sus leyes de ingresos propias, o bien, en la Ley de Hacienda de los Municipios y de ahí cada comuna calcula a conveniencia el cobro de ese dinero.

En un claro ejemplo del abuso que se ha generalizado en todos los municipios de México, y cada uno tiene una fórmula para calcular este impuesto disfrazado de derecho que lo ponen precisamente en el recibo de la CFE para que se pague en automático, sistemáticamente y pase hasta cierto grado desapercibido.

Comúnmente en el recibo emitido por la CFE, que llega a cada casa o negocio de los meridanos ya está establecido y calculado un porcentaje correspondiente al DAP, con base en la cantidad de energía eléctrica consumida.

Pero es de saberse que la CFE solo puede cobrar por el servicio que brinda en cada predio, entonces existen diversas razones por las cuales la contribución no cumple con los requisitos constitucionales para su cobro, pues es adicional y muy aparte del consumo de energía eléctrica de cada inmueble.

Pero esto es de todas ilegal dadas las circunstancias en que se procede al cobro, dado que, al momento de calcularse, tiene como base en la cantidad de energía eléctrica consumida, lo cual únicamente puede gravar la Federación, no los municipios.

Asimismo, otra ilegalidad es que, en la propia Ley de ingresos municipal, el artículo que la establezca no defina la base, tarifa, sujetos, que forma parte de la transparencia, rendición de cuentas y Estado de Derecho.

Los meridanos no estuvieron de acuerdo con este cobro, nunca lo aprobaron, entonces el medio legal para su defensa ante este cobro es promover un juicio de amparo indirecto, presentado ante los Juzgados de Distrito.

Por haberse interpuesto ya innumerables juicios de amparo en este sentido, es más común que se falle a favor del consumidor y no a favor del Ayuntamiento en cuestión, ni a favor de la CFE, debido a la jurisprudencia y porque la propia SCJN lo ha declarado inconstitucional.

El resultado de este amparo es que al ser procedente se quite del recibo de la CFE ese cobro y no se le pueda volver a cobrar nada relacionado con ese tema, y no solo eso, también devolverle al ciudadano el monto de la última contribución pagada bajo ese concepto.

Es importante que cuando se interponga el juicio de amparo esté en el lapso de 15 días después de la emisión del recibo de la CFE para que sea válido.

En Mérida, la población de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) era en el año 2020 de 995 mil 129 habitantes y 303 mil 783 habitan en sus casas propias y los demás rentan o viven con familiares, pero de igual manera pagan el servicio de energía eléctrica y su porcentaje del DAP.

En juicios de amparo interpuestos en diferentes estados de la República, se cita que esto es una imposición a modo de contribución en el recibo de la CFE, la cual distorsiona la naturaleza de los derechos, en este caso del alumbrado público, al convertirlo en un impuesto y esto constituye una invasión de esferas de competencia, porque la única autoridad que puede fijar impuestos sobre la energía eléctrica es la Federación y no los ayuntamientos.

De hecho, si se revisa el marco jurídico es facultad específicamente del Congreso de la Unión de acuerdo al artículo 73, fracción XXIX, inciso 5, sub inciso A, donde dice claramente que es el único Poder que puede gravar la energía eléctrica, ya sea su producción, distribución, venta o consumo.

Y señala igualmente que los Estados sólo tendrán derecho a la participación que la Ley federal determine y los municipios de igual manera, de acuerdo a la ley local.

Y se ha establecido jurisprudencia registrada ante las autoridades correspondientes porque señala que la Comisión Federal de Electricidad actúa como particular en el auxilio de la administración pública municipal cuando determina y recauda el derecho por el servicio de alumbrado.

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